Tres exaltos cargos de Camps se desmarcan de la Gürtel y la defensa de "El Bigotes" apuntala su amistad con el exjefe del Consell

Las defensas de los altos cargos de la Generalitat de la era Camps coincidieron ayer en desmarcarse de las contrataciones de la Gürtel ejecutadas por sus respectivos departamentos. La exconsellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel; la exdirectora de Promociones Institucionales, Dora Ibars, y David Serra, exsecretario autonómico de Deportes, responsabilizan a sus subordinados (De Miguel a su jefe de gabinete, que la acusa a ella) o a sus superiores a los que no se ha investigado en esta causa. 

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Dora Ibars derivó a la exsecretaria autonómica Paula Sánchez de León la decisión de adjudicar en 2004 la «Guía de la Comunicación» a la trama Gürtel. En el contrato de Fitur limita su intervención a una mera supervisión del estand de grandes eventos. Y David Serra apunta al titular de la Conselleria de Cultura, Alejandro Font de Mora -al que no cita por su nombre- la decisión de abonar las diferentes facturas del Open de Tenis. 

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Por el contrario, la defensa de Álvaro Pérez e Isabel Jordán, apuntaló ayer la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la Gürtel se trasladó a València por la amistad de «El Bigotes» con Francisco Camps. Este último abogado, Gustavo Galán, es quien abrió ayer la nueva sesión del juicio, que se celebra desde el lunes en sesiones de mañana y tarde.  El letrado de "El Bigotes" y Jordán defendió la «influencia» del expresidente de la Generalitat Francisco Camps para que Orange Market «pudiese llegar» a la administración autonómica.

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El abogado calificó de «llamativo» que la defensa de Camps quiera «negar» la «relación de amistad» del expresidente con «El Bigotes». «¿Cómo una persona que ha trabajado en Madrid va a ir a Valencia, cambiar toda su vida, si no tiene un proyecto que puede ser considerado como sólido y seguro? Nadie va si no tiene una especie de garantía», señaló el abogado, quien incidió en que fue Camps la «persona» que le dijo a Pérez que se desplazase a València, donde iba a «estar bien y tener calidad de vida».

Galán, que defendió que estas cuestiones «han sido corroboradas» por el líder de la Gürtel, Francisco Correa o el número dos de la trama, Pablo Crespo, criticó que el expresidente valenciano califique a Pérez como un trabajador para el Partido Popular a pesar de que acudió a su boda, un hito que demuestra la relación existente entre ambos.

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Acceso a los consellers

La defensa de Pérez y Jordán también recordó la declaración como testigo del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. «Confirmó que había una relación de confianza y amistad. El señor Pérez tenía acceso a muchas personas, a varios vicepresidentes y al propio conseller», apuntó el letrado Gustavo Galán.

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Durante la maratoniana sesión de ayer también expuso su informe final el letrado de Dora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional y alto cargo clave en el único contrato por el que se juzga a Camps. Como el resto de defensas que no han pactado, el letrado de Dora Ibars pidió la absolución para su representada al considerar que no queda demostrado que «negociara o concretara nada con ningún representante de Orange Market».

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El letrado de Ibars asegura que la exdirectora general «no contrató y no tenía competencia para contratar». «Si mi mandante actuó mal en una contratación decidida por su superior, Paula Sánchez de León, producida durante su embarazo de riesgo [en 2004] y donde se limita a dar visto bueno a unas facturas porque se indica que se ha prestado servicio no lo hizo conscientemente y con ánimo de fraccionar o evitar procedimientos de contratación», añadió. Sobre el contrato de 2008 que afecta a Francisco Camps, dijo que «la intervención de Ibars se limitó a reunirse con Cándido Herrero [gerente de Orange Market], para analizar la propuesta de diseño del stand de grandes proyectos. «Y el diseño le pareció inadecuado», justificó.

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Por último, las defensas de Alicia de Miguel y David Serra también pidieron su absolución ante la ausencia de pruebas en su contra y reiteraron que no tenían competencias para contratar. La defensa de Serra reprochó que se le acuse por «conformar unos servicios que no contrató". «No hay mensajes, ni correos y ningún testigo lo avala». El letrado de Alicia de Miguel derivó toda responsabilidad de los tres contratos de Bienestar Social con Orange Market en su jefe de gabinete, Enrique Navarro -que ha admitido los hechos ante la Fiscalía- y que es quien imponía o decidía «cuándo, cómo, de qué manera y con quién» se contrataban los actos.

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