El Gobierno llevará a 'su' ley de Memoria lo que borre la ley de Concordia

Duelo de espadachines dialéctico y normativo entre el Consell y el Gobierno de España con la ley de Concordia como florete. Prácticamente a la vez, pero cada uno desde sus respectivos foros, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que el Gobierno incluirá "de oficio" en la ley estatal de Memoria democrática todo lo que los ejecutivos autonómicos del PP y Vox eliminen de sus leyes, como ya ha ocurrido en Aragón, mientras que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, pasó al ataque y frente a los avisos de recursos de inconstitucionalidad indicó que si al Gobierno no le parece bien que en la nueva ley se incorpore "a las víctimas de ETA dentro de la violencia política y social lo va a tener que explicar".

El choque está servido. Si hasta el momento el Ejecutivo autonómico, incluso el propio PP en las Corts, había optado por el perfil bajo respecto a la ley de Concordia, ahora ha pasado a contrarrestarlos entrando al cuerpo a cuerpo con el Ejecutivo central. «Si al Gobierno de España no le parece bien que se vaya a incorporar a las víctimas de ETA dentro de la violencia política y social lo va a tener que explicar», señaló ayer Mazón. 

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El president de la Generalitat defendió que la Proposición de ley presentada por PP y Vox "consolida lo preexistente" en otras normas además de "incluir a las víctimas de ETA", de la que Mazón indicó que en la Comunitat Valenciana hay 11 crímenes sin resolver. La ley de Concordia presentada en las Corts señala el reconocimiento a "todas las víctimas de violencia social, política, de terrorismo o persecución ideológica" entre 1931 "hasta nuestro días" e indica, en el punto 4, que reconoce "expresamente a las víctimas del terrorismo". No obstante, este se hace amparándose en la ley 1/2004, en vigor desde hace 20 años en el marco estatal.

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Asimismo, Mazón rechazó "lecciones de coherencia constitucional" del Gobierno de España y pidió "trabajar en la concordia y no en la historia a instancia de parte". Algo similar a lo que posteriormente desgranó Merino quien indicó que lo que se propone en esa ley "no blanquea el franquismo" sino que "amplía el reconocimiento de derechos a las víctimas de ETA". "El Gobierno deberá explicar por qué no quiere", remarcó al tiempo que lamentó que la "beligerancia" del Ejecutivo central sobre una ley que no está aún aprobada.

Entre los puntos señalados por inconstitucionalidad por parte del Gobierno no está este apartado sino aquellos referentes a la memoria histórica y las actuaciones sobre la dictadura y los vestigios de la guerra civil. En su comparecencia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Torres adelantó que, al margen de proponer a esos gobiernos autonómicos sentarse a negociar sobre las discrepancias que presenten esas leyes y en caso de desacuerdo llevarlas ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno tiene decidido trasladar a la ley estatal aspectos como el mapa de fosas o lugares de memoria que han sido borrados de la normativa autonómica en Aragón.

Y lo mismo hará en su caso con otras leyes que puedan aprobarse en otras comunidades en la misma línea, como las llamadas "de concordia" que impulsan los ejecutivos autonómicos de coalición PP-Vox de la Comunitat Valenciana y Castilla y León. "Donde haya una normativa autonómica que es restrictiva con respecto a lo que son derechos internacionales y derechos humanos, el Gobierno de España lo incluirá en la Ley de Memoria Democrática", garantizó Torres, que invitó a los presidentes autonómicos a entender que la "reparación" de las víctimas que fueron "ejecutadas por defender un orden democrático" tiene que ser "un principio y un pilar fundamental que no haya discusión".

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