Más de 1.500 voces claman desde Sagunt contra los planes legales de Costas

La Asociación de Vecinos de las Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa de Sagunt no ha desaprovechado la oportunidad ofrecida por el Tribunal Supremo al anular el nuevo Reglamento General de Costas. La obligación de someter el texto a una consulta pública previa a su aprobación ha permitido a este colectivo hacer una serie de propuestas a tener en cuenta a la hora de reelaborarla, un documento que ya ha sido remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Son ocho consideraciones, que empiezan destacando la representatividad de esta asociación, que fue fundada en 1988 y cuenta actualmente con más de 1.500 miembros.

En la primera se recuerda el problema generalizado de falta de sedimentos que llegan a las playas, tanto procedente de los ríos, debido a los embalses, como de la recirculación de los materiales del litoral, por los puertos. Estos efectos han sido "especialmente graves" en el norte de Sagunt como consecuencia de "diversas actuaciones de la administración", entre las que destacan la construcción de espigones en Almenara y la extracción de "200.000 metros cúbicos de todo tipo de materiales", que han reducido estas playas "a su mínima expresión" y las mantienen "a merced de los temporales".

Los vecinos de Almardà tachan el reglamento de anticonstitucional por no respetar la propiedad privada

Estas circunstancias, según añaden los vecinos de Almardà, han dejado esta zona "sin la estructura necesaria para impedir la entrada de temporales por la falta de material que obstaculice el paso del agua". Esta situación no está contemplada en el Reglamento de Costas, donde reclaman que "se tenga en cuenta la protección de la playa original y no la resultante después de haber sufrido los ataques y reducciones descritas". Añaden la necesidad de que "se establezca la obligada restitución de nuestro litoral por parte de quien realizó la intervención dañina o de quien la autorizó".

Cinco olas en un lustro

Otra aportación se refiere a la intención de Costas de reducir el criterio actual de que una zona sea considerada dominio público marítimo terrestre (DPMT) cuando le alcance el oleaje en cinco ocasiones durante un lustro. Aboga la asociación de Almardà incluso por ampliar estos números, ya que "sería un criterio moderado y racional, ponderando la situación histórica y solo propiciando cambios en casos persistentes y de trascendencia, no efímeros y ocasionales".

La siguiente consideración se centra en la necesidad de "respetar y defender las zonas urbanas ya consolidadas". A este respecto, los vecinos lamentan la falta de coordinación de Costas con la legislación urbanística. Así, reclaman la protección de las propiedades privadas, especialmente aquellas que "fueron desarrolladas a partir de licencias con innumerables trámites y controles administrativos. Es incompresible -añaden- que esos trámites puedan ser derogados con efecto retroactivo y que el reglamento no recoja ningún mecanismo para su defensa. Más bien al contrario, la regulación que promueve Costas solo contempla que estos espacios sean considerados DPMT cuando les alcance una ola, sin valorar el proceso previo de aprobación como zona urbana".

Expropiaciones "encubiertas"

La vulneración de la propiedad privada, recogida en la Constitución, es otro de los defectos del nuevo reglamento, ya que "supone una expropiación encubierta, sin justificar la utilidad pública o interés social, ni indemnizar al perjudicado". Y es que el procedimiento contemplado es "la apropiación de los terrenos y el otorgamiento de una ocupación temporal como única compensación", así que la asociación de Almardà reclama que "en todas estas actuaciones se sigan los mismos trámites que en una expropiación forzosa, que ofrece más garantías para el propietario".

También se cuestionan los criterios "rígidos" marcados por la nueva normativa para determinar si una zona pasa a ser DPMT. "Deben ser los técnicos de Costas, con sus conocimientos y experiencia, los que otorguen esta calificación con plena libertad y valoraciones flexibles en función de cada caso", reclaman los vecinos del norte de Sagunt. Si no es así, "la aplicación estricta del reglamento provocará la pérdida de terrenos tanto públicos como privados".

Dejar hacer a los propietarios

Además de reclamar que el principio fundamental del nuevo reglamento sea "regenerar y defender el frente litoral frente a los graves fenómenos climáticos", la Asociación de Vecinos de las Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa propone que se permita a los particulares, "sometidos a controles administrativos", la realización de las actuaciones necesarias en defensa de sus propiedades. Y es que "fundamentalmente en las playas de Malvarrosa y Corinto, así como en las Casas de Queralt, como consecuencia de la falta de sedimentos, se intenta proteger el núcleo urbano mediante el mantenimiento de la escollera existente desde hace décadas, pero el Miteco no solo no actúa, sino que no permite que lo hagan los ciudadanos".

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