Cerca de 15.000 procesos afectados en la Comunitat Valenciana por la huelga de letrados de Justicia

Dicen que la Justicia lenta no es justicia, y a la elevada acumulación de trabajo que arrastran muchos juzgados valencianos se ha sumado ahora los retrasos que está provocando la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Cada semana se suspende una media de entre diez y quince juicios por delitos leves en un Juzgado de Instrucción de València cualquiera y entre seis y diez declaraciones diarias que también se tienen que aplazar, paralizando así los procesos. En muchas de las ocasiones los propios testigos o letrados son informados del aplazamiento una vez están ya en la sede judicial, con el consiguiente enfado de los asistentes. 

La lucha que mantiene este colectivo de funcionarios con el Ministerio de Justicia desde el pasado 24 de enero para lograr que se escuchen sus reclamaciones salariales y laborales está obligando a suspender juicios por delitos leves, cancelar la toma de declaraciones salvo en causas con preso, y está provocando la paralización de cuestiones económicas que afectan a muchos ciudadanos valencianos. Se ha paralizado los pagos judiciales a particulares (indemnizaciones) así como al Tesoro Público (multas y depósitos, etc.), ya que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales.

Aunque no hay datos oficiales actualizados sobre la incidencia de la huelga en la Comunitat Valenciana, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, calcula que unos 15.000 procesos se habrían visto ya afectados en las tres provincias. 

Los LAJ reclaman entre otras cuestiones no cobrar menos del 85% del sueldo de jueces y fiscales

Para encontrar una solución a esta situación, el Ministerio de Justicia mantuvo ayer la primera reunión desde que se iniciaron los paros el pasado 24 de enero con las asociaciones convocantes de la huelga; el Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

Pese a sus discrepancias iniciales y haber tardado casi un mes en sentarse a negociar, tanto el Ministerio de Justicia como las asociaciones convocantes del paro se mostraron dispuestos a negociar. Entre las demandas exigidas está que «una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales» para que los letrados nunca cobren menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.

Mientras se resuelve la situación la huelga está dejando de manifiesto la carga de trabajo que asumen los letrados de la administración de Justicia, piezas indispensables del engranaje judicial, al igual que jueces y fiscales. Así, salvo las actuaciones esenciales, las guardias y los juzgados de Menores y Violencia contra la Mujer, la incidencia en estas tres semanas en la provincia de València está siendo importante. Tanto es así que los funcionarios, en los que habitualmente delegan los LAJ algunas de sus funciones –también paralizadas–, advierten que cuando se desconvoque la huelga toda la faena acumulada repercutirá en su trabajo.