El Gobierno advierte a València de que tendrá que devolver las ayudas si no pone la Zona de Bajas Emisiones

El Ministerio de Transporte ha advertido en una nota informativa a todos los ayuntamientos beneficiarios de subvenciones de los fondos Next Generation para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano que el incumplimiento de los plazos o la reversión de los mismos, como han anunciado algunas corporaciones como la de València, obligará a reintegrar las cantidades percibidas con "intereses de demora".

En este supuesto entrarían algunos de los carriles bici impulsados por el anterior ayuntamiento que el nuevo gobierno del PP de Mª José Catalá quiere revertir, como el de las Grandes Vías, y también las ayudas recibidas para la compra de las 274 cámaras de la Zona de Bajas Emisiones. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València adjudicó en noviembre del año pasado, hace ya casi un año, el contrato para el suministro del sistema de gestión y control para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en València por un importe de 10,8 millones euros y un plazo de ejecución de dos años.

El contrato incluye las  274 cámaras de lectura automática de matrículas distribuidas en 93 puntos de la ciudad, 52 sensores de medición ambiental, 44 paneles de información y una aplicación para monitorizar y controlar la calidad del aire. Además, contempla una campaña dirigida a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto.

El contrato estructura la zona de bajas emisiones en cinco áreas, cuya demarcación geográfica se tiene que definir con detalle en la nueva ordenanza. El anterior gobierno municipal, formado por una coalición de Compromís y PSPV, inció justo antes de las elecciones y del cambio de gobierno los talleres participativos previos a la redacción de la ordenanza, cuyas conclusiones no han transcendido.

Los detalles de cómo se van a estructurar estas 5 áreas de la ZBE, cuya demarcación geográfica aún no es definitiva deberá reflejarse en una futura ordenanza donde se especificarán las características de los vehículos autorizados a circular por València

La implantación de la zona de bajas emisiones, donde los coches más contaminantes tendrán restringida la entrada, es exigencia de la Ley de Transición Ecológica y la deberían tener las ciudades de más de 50.000 habitantes antes de acabe 2023. 

El Gobierno advierte de que exigirá la devolución de las subvenciones a los ayuntamientos que inclumplan "total o parcialmente" con la implantación de la ZBE. Con todo deja abierta la posibilidad de modificar proyectos e importes siempre que "no alteren sustancialmente el conjunto de las actuaciones" y estén suficientemente justificados.

Las modificaciones o renuncias a las ayudas deben, por otro lado, incluir una memoria justificativa.

Sobre la reversión de actuaciones ejecutadas, como podrían ser los carriles bici ejecutados con fondos europeos, el ministerio aclara que las obras ejecutadas se deben mantener operativas durante al menos cinco años, de los contrario el Gobierno exigirá su devolución.

"La APR podría reconvertirse en zona de bajas emisiones"

Sobre las ZBE el director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), Francisco Alonso, asegura en declaraciones a Levante-EMV que la regulación de la Zona de Bajas Emisiones ha de hacerse de manera que "sea creíble, posible desde un punto de vista inclusivo, sobre todo para los más desfavorecidos y personas con menos recursos, amparando todas las acciones que se lleven a cabo en mediciones objetivas de la contaminación que sean estrictamente producto del transporte rodado que se da en la ciudad".

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, asegura «respecto a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el calendario aprieta muchísimo, porque el anterior gobierno municipal no ha dejado nada hecho, más allá de haber licitado el contrato de las cámaras». Tenemos más de 200 cámaras en el almacén y poco más». Son palabras del concejal de Movilidad Jesús Carbonell, del PP, que añade: «Tenemos que cumplir, no somos negacionistas» de los efectos del Cambio Climático.

Pero esto implica, «que hay que hacer la ordenanza que regule esta ZBE,y confiamos en tenerla a tiempo». No en vano, antes de diciembre tiene que estar en marcha la medida. Preguntado sobre esta cuestión, Carbonell no descarta adaptar el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord en la ZBE, que le exige el Ministerio de Transición Ecológica. «Sí, el APR podría ser reconvertida pero hay alguna otra zona de València, donde podría aplicarse, siempre que no sea con medidas restrictivas». No en vano, Carbonell aboga por implantar esta zona vetada a los coches más contaminantes «con consenso» y «atendiendo a los intereses de todos los agentes implicados».