La promotora del hotel de la Saïdia amenaza con los tribunales

La promotora y propietaria de la antigua fábrica de hilados Pilar Casanova, en la calle Guatla, donde se proyecta un hotel-residencia de estudiantes, Victoria García Albertos (Inversiones Gran Valencia), salió ayer en defensa del proyecto tras la decisión del alcalde, Joan Ribó, de paralizar ante las presiones de los vecinos del barrio de San Antonio la demolición de las naves entretanto se recaban todos los informes solicitados a los órganos consultivos sobre el valor patrimonial del conjunto industrial.

Victoria García, que compró la antigua fábrica cerrada y sin uso en 2010, apunta que el ayuntamiento «ha tenido casi 15 años para plantear un uso para las naves y no lo ha hecho». «Ahora lo quieren expropiar cuando llevamos meses tramitando el proyecto y cumpliendo con todo lo que nos han pedido», apunta la empresaria, quien recuerda que el solar de las naves es suelo urbano de uso residencial compatible (desde 2020) con hotelero. Ahora, con el proyecto del hotel residencia aprobado «no voy a negociar la venta del suelo». Advierte de que si el ayuntamiento modifica el planeamiento para cambiar el uso del suelo, convirtiéndolo en dotacional, blindando así las naves acudirá a la vía judicial. "Los políticos están jugando con la prevaricación». 

«Y no es solo el daño económico, es también el daño personal», recalca la empresaria, quien asegura en una visita a la fábrica realizada ayer con este diario que ha vivido y trabaja en el barrio y que «es falso que el proyecto lo promueva un fondo buitre». Así se lo quiere trasladar García Albertos al alcalde en la reunión que tienen prevista el próximo martes. «Ribó se está equivocando». «Creo que la ciudad tiene otras prioridades», asegura la empresaria que cifra en 60 millones la inversión prevista en la residencia de estudiantes. 

La empresaria, que ha desarrollado varias promociones de viviendas en la ciudad, compró la fábrica en 2010 y empezó a tramitar el proyecto del hotel-residencia en 2015. No había tenido problemas en su tramitación ante el servicio de Planeamiento hasta que los vecinos del entorno se movilizaron contra el proyecto argumentando que la residencia de estudiantes generaría molestias y el hotel atraerá el turismo de borrachera.

García Albertos asegura que el proyecto busca mejorar la calidad de vida del barrio y apunta que se ha renunciado a parte de la edificabilidad para no tapar las vistas a los vecinos. Añade, sobre los posibles problemas de evacuación del hotel al estar en el interior de un patio de manzana, que el proyecto plantea la conexión de la calle Guatla, actualmente un callejón sin salida, con Luis Casanova cediendo los viales interiores de la fábrica al ayuntamiento para crear una nueva calle y una plaza. El complejo hotelero tendrá además otras dos salidas a través de los solares comprados en el entorno de la calle San Bruno, donde ya se llevaron a cabo los primeros derribos.

De momento, hay hasta cinco informes de distintas instancias que descartan que la fábrica reúna valores artísticos que merezcan su declaración como Bien de Relevancia Local. Tal como viene informando este diario, han rechazado la protección de las naves el Consell Valencià de Cultura y la Academia de San Carlos, que además ha censurado al alcalde por usar la legislación patrimonial para justificar sus decisiones urbanísticas, en este caso, la paralización del hotel. Falta el informe de la Universidad de València. También han descartado la declaración de BRL el servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de València y la Conselleria de Cultura, que el mes pasado autorizó el desmontaje de los paneles y la decoración cerámicos de la fábrica y ordenó su estudio arqueólogico para determinar si gozan de protección patrimonial. La investigación llevada a cabo por el arquitecto y catedrático de la Universidad Politénica de València contratado por la promotora, José María Lozano, también concluyó que las naves son fruto de tres proyectos de distintas épocas (años 30, 50 y 70) y carecen de valor. 

La Policía Local y Nacional vigilaban ayer la fábrica para garantizar que las naves no se derriban en cumplimiento de la resolución de la Concejalía de Desarrollo Urbano y del acuerdo plenario de este jueves suspendiendo el proyecto entretanto se determine si las naves tienen o no valor patrimonial.

Suscríbete para seguir leyendo