La Comisión Europea "se lava las manos" sobre la fotovoltaica de Volkswagen en Sagunt

La Comisión Europea "se lava las manos" sobre el impacto ambiental de la megaplanta fotovoltaica prevista por Volkswagen en Sagunt para suministrar a su futura gigafactoría. Así se puede resumir el pronunciamiento que ha hecho, subrayando que son "las autoridades nacionales" las encargadas de velar por "la correcta aplicación" de la legislación medioambiental.

Su toma de posición se ha producido a raíz de una petición formulada por Acció Ecologista-Agró, donde se criticaba el proyecto de la megaplanta fotovoltaica en Sagunt que el grupo Volkswagen prevé construir en una zona "de gran valor agrológico" de la población, como insisten desde hace meses en Agró y en la plataforma ciudadana creada en la ciudad contra esas instalaciones.

Según el peticionario, "la construcción de plantas fotovoltaicas en España no está sujeta a una evaluación ambiental estratégica" y "con el pretexto de promover la sostenibilidad y apoyar la producción de vehículos eléctricos, se destruirá una enorme superficie de tierra agrícola, especialmente de naranjales"; una destrucción que según los integrantes de Agró, "conllevará graves impactos ambientales y no sería posible sin el apoyo del programa Next Generation de la UE", aseguran recordando que "el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye los llamados PERTE, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que han sido establecidos por el Gobierno español y dotados con 140.000 millones de euros procedentes de fondos de la UE que se pagarán en forma de transferencias y préstamos en el periodo 2021 a 2026"; unas líneas de las que se ha beneficiado el proyecto de la gigafactoría.

La Comisión, sin embargo, admite que los proyectos de energía solar, dependiendo de la fecha de inicio de los procesos de concesión de permisos, pueden entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento que, con tal de acelerar el despliegue de energías renovables, permite a los Estados miembros eximir a determinados proyectos de energía renovable de la evaluación exigida por la Directiva EIA, es decir, la referida a la evaluación de impacto ambiental.

Además, en sus conclusiones, considera que "no puede dar más seguimiento" a la petición de Agró y remarca su convicción de que "la protección del medio ambiente y la producción de energía solar son compatibles, siempre que se aplique efectivamente la ambiciosa legislación medioambiental de la Unión Europea".

Recurrir a organismos nacionales

También considera que "las autoridades españolas tienen la responsabilidad principal de la correcta aplicación de las disposiciones de la Directiva EIA" e incide en que "el uso de los mecanismos de recurso previstos ante los organismos nacionales pertinentes sería el medio más adecuado para que el peticionario haga valer sus reclamaciones de manera satisfactoria", dicen en un documento al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El asunto se tratará próximamente en el Parlamento Europeo, donde rara vez hay un cambio de posición

Esta posición, según apunta, "es además coherente con el enfoque estratégico de las acciones de ejecución de la Comisión, tal como se establecen en su Comunicación de 19 de enero de 2017 y 13 de octubre de 2022".

Pese a este pronunciamiento respecto a las fotovoltaicas asociadas a la gigafactoría, está previsto que este asunto se trate próximamente en el Parlamento Europeo, como han asegurado a este diario fuentes de la Comisión de Peticiones. Este nuevo paso siempre abre la opción a que finalmente haya un cambio de postura pero lo más habitual, según explican, es que se refrende la misma posición.

Suscríbete para seguir leyendo