Cultura descarta la compra del monasterio de Aguas Vivas por «falta de recursos»

La Generalitat Valenciana ha renunciado a ejercer el derecho de adquisición preferente sobre el monasterio de Santa Maria d’Aigües Vives y ha dejado que el acuerdo alcanzado en septiembre por un empresario de la Ribera con el administrador concursal que ha gestionado la venta del inmueble cobre plena validez, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Cultura, que apuntan a la «falta de recursos» como el motivo por el que la Administración autonómica ha descartado la compra de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

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La propia Conselleria de Cultura manifestó en septiembre, tras desvelar Levante-EMV el acuerdo alcanzado para la venta del monasterio de la Barraca a un particular que pretende recuperar el uso hostelero, que mantenía la «voluntad» de adquirir el edificio. El departamento que dirige el vicepresidente del Consell Vicente Barrera detalló que se abría un plazo de dos meses durante el que la Administración podía ejercer el derecho de adquisición preferente al tratarse de un BIC, por lo que los técnicos se disponían a estudiar el expediente para valorar todas las posibilidades, si bien admitían que desconocían si sería posible. Finalmente, Cultura ha descartado la compra de este edificio ubicado en el valle d’AigüesVives, en el linde de los términos municipales de Alzira y Carcaixent, cuyo origen se remonta a los siglos XVI y XVII.

Una empresa se adelanta al Consell y adquiere el monasterio de Aguas Vivas

Se da la circunstancia de que, en el anterior mandato, con el Govern del Botànic, la Generalitat incluyó la compra y rehabilitación del monasterio de Aguas Vivas entre los proyectos seleccionados en los presupuestos participativos con una asignación aproximada de diez millones de euros y, en cumplimiento de este mandato, la dirección general de Cultura y Patrimonio llegó a un acuerdo con el administrador concursal para su adquisición por 1,7 millones de euros. La compra, no obstante, no se llegó a materializar tras un requerimiento de la dirección general del Sector Público y Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Hacienda, para que se subsanaran una serie de deficiencias que, a su juicio, existían en el expediente.

Deterioro progresivo

Este requerimiento tuvo lugar en diciembre de 2022. El expediente se paralizó y la Generalitat no llegó a formalizar la compra de un edificio que en los últimos años ha sufrido un proceso de deterioro por la falta de uso y de mantenimiento, además de los robos y actos de vandalismo que ha registrado.

La Generalitat pactó la transacción en 2022 por 1,7 millones, aunque no se llegó a materializar

Cerrada esta puerta, el administrador concursal pactó la venta del monasterio a un empresario de la Ribera Baixa que había mostrado interés, un acuerdo que se elevó en septiembre a escritura pública. Las informaciones publicadas por este periódico sobre la venta provocaron que tanto el Ayuntamiento de Alzira como el de Carcaixent reclamaran mediante acuerdos de pleno a la Generalitat que ejerciera el derecho de adquisición preferente que le otorga la ley, al considerar que no podía dejar pasar la oportunidad. También el alcalde de la Entidad Local Menor de la Barraca abogó porque el edificio pasara a ser de titularidad pública, aunque finalmente fuentes de la conselleria han confirmado que no se ha realizado la compra y que se trata de un acuerdo entre particulares.

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