El ayuntamiento limita a un mes la atención a los más vulnerables porque "compete a otras instituciones"

El nuevo equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de València, en un acuerdo adoptado el pasado 22 de diciembre en la Junta de Gobierno Local, ha enviado una instrucción a los centros sociales municipales para que colectivos de personas vulnerables solo puedan ser atendidas durante 14 días, en un plazo prorrogable a 14 días más como máximo, mediante la fórmula de ayudas de emergencia social. En la práctica, esta medida supone para la oposición Compromís y PSPV "desmantelar el sistema de emergencia social" que tejió la izquierda cuando gobernaba. Supone además que las familias y las personas más vulnerables solo tendrán una ayuda muy puntual y por un espacio corto de tiempo. En ese sentido, quedarían fuera de cualquier apoyo, pasado ese mes como máximo, inmigrantes, refugiados o perfiles en riesgo de exclusión social con discapacitados a su cargo, a la par que núcleos familiares que hayan sufrido desahucios o incluso mujeres víctimas de violencia machista. Por su parte, el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, que gestiona la popular Marta Torrado ha señalado que el consistorio está aplicando la normativa autonómica que aprobaron PSPV y Compromís cuando gobernaban en la Generalitat. Además, han señalado que en materia de inmigración, refugio, asilo o servicios sociales, las administraciones competentes son el Gobierno y la Generalitat que deben dotar de presupuestos y recursos la atención a estas personas y familias vulnerables. Por ende, insisten que aún así la administración local no deja a nadie atrás.

La concejala socialista Marta Ibáñez denunció "el desmantelamiento” de las políticas de cooperación e inmigración que ha completado María José Catalá "en tan sólo seis meses". “Primero suprimió la Concejalía de Cooperación y Migración. Después llegó la eliminación de los consejos de cooperación e inmigración donde se daba voz a todas las ONG, entidades, asociaciones y universidades. Continuó con los presupuestos de 2024, donde borró todas las subvenciones que recibían las entidades y ONG. Y ahora el mazazo definitivo lo ha dado en intervención, donde ha fijado un máximo de 14 días para albergar a personas vulnerables prorrogables otros 14, un plazo insuficiente para dar una atención específica a personas que llegan de otros países. Es una barbaridad”, ha manifestado Ibáñez.

La regidora, extitular del área de cooperación e inmigración hasta mayo de 2023, ha incidido en que el establecimiento de este plazo “absolutamente insuficiente para que las personas que lleguen a la ciudad puedan establecer una red vital y encontrar trabajo está derivando en un incremento de los asentamientos en toda la ciudad y que las ONG de València hayan multiplicado su actividad para cubrir la falta de atención del consistorio desde que Catalá se puso al frente del Ayuntamiento". "Una de las entidades que reparte alimentos en el río -ha añadido Ibáñez y tal como publica hoy Levante-EMV- nos ha confirmado que ha llegado a repartir hasta 700 raciones en un solo día porque cada vez hay más gente que se ve obligada a volver a la calle ante la falta de atención de este ayuntamiento”.

“¿Qué tipo de intervención se puede prestar cuando el consistorio recorta la estancia en centros municipales a 14 días prorrogables otros 14 días para las familias migrantes? Es absolutamente insuficiente para que los técnicos municipales puedan atender una emergencia social. Por ejemplo, la Cruz Roja tiene establecido un periodo de 90 días que se pueden ampliar hasta los 180 para después derivar a las personas vulnerables a otros recursos del Estado”, ha subrayado.

Ibáñez ha criticado, además, que la nueva corporación ha establecido "una atención estándar que no discrimina la situación de las personas atendidas": “Se equipara a una familia que llega desde, por ejemplo, Marruecos, con otra de Ucrania o con una familia que acaba de sufrir un desahucio cuando son situaciones completamente diferentes. No se puede prestar la misma atención de manera uniforme porque hay características especiales en cada caso”, ha afirmado. "Ha metido a todos los perfiles en el mismo saco", lamenta Ibáñez que advirtió "proporcionar una cama y una ducha", no es atender a los más vulnerables, "hay que hacer una integración global y prolongada en el tiempo", remarcó la regidora.

Compromís advierte que los ayuntamientos "tienen la obligación de atender situaciones de emergencia"

Por su parte, la concejala de Compromís per València Lucía Beamud abunda en el desmantelamiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de València por parte de PP y Vox, y exige a Catalá que escuche a las más de 100 entidades sociales que de forma unánime “están mostrando su rechazo a todas las medidas impuestas por este gobierno sectario y caciquil”. “Le pedimos a Catalá que, por razones humanitarias, detenga de forma inmediata estas medidas sustentadas en su sectarismo y su ideología que sólo pretende borrar y esconder a las personas en situación de vulnerabilidad extrema”. La regidora valencianista explica: “Todos estos recortes están recogidos en una moción aprobada en Junta de Gobierno Local y una instrucción de la concejala Marta Torrado que de forma arbitraria ha puesto límite a la duración de las situaciones de emergencia que supondrá dejar en el calle a familias pasados 15 días o 30 días aunque no tengan un recurso habitacional definitivo”. Beamud advierte que los ayuntamientos "tienen la competencia de atender las situaciones de emergencia, que es lo que hacía el gobierno de Joan Ribó, durante el tiempo que fuera necesario y sin diferenciar el origen de las personas que lo necesitan, sin limitar el tiempo de la ayuda que supondrá dejar a familias en la calle.” Por eso, Compromís exige a Catalá que rectifique.

"Ha sido el PP el que destinado 2 millones a ayudas de emergencia social"

Finalmente, fuentes del gobierno municipal de PP y Vox replican: "Es la tercera vez que la izquierda valenciana vuelve a mentir. Parece que no recuerdan las medidas que han tomado cuando gobernaban. Cada vez que vuelvan a mentir les volveremos a recordar que las medidas fueron adoptadas por ellos. ¿Entonces, hace solo unos meses, no pasaba nada y ahora se está desmantelando el sistema?. Al revés, el gobierno de María José Catalá está trabajando desde la sensibilidad para arreglar aquello que ellos aprobaron y que tiene, por supuesto, consecuencias". Por lo tanto, sostienen los responsables de Servicios Sociales, Compromís y PSPV "vuelven a falsear la realidad y nos sorprende que el PSOE no conozca la legislación aprobada por ellos mismos durante su etapa de gobierno. Tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de València, "en los últimos ocho años puesto que la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana es quien señala la distribución y establece las competencias autonómicas y locales en los servicios sociales de atención primaria y además la Ordenanza de las Prestaciones Económicas Individualizadas en materia de Servicios Sociales, en vigor desde 9/2/2021, es la que contempla entre las ayudas de necesidad social, aquellas que tienen por objeto el alojamiento provisional para evitar la pernoctación en la calle". 

Compromís denuncia que Catalá recorta las ayudas a los más vulnerables

Conforme a las instrucciones dictadas por la anterior corporación," cuando no sea posible el alojamiento en recurso de albergue, se podrán tramitar las PEI's hasta un máximo de 14 días.  No obstante, el nuevo equipo de gobierno no ha actuado de forma estricta conforme a la normativa, ya que el nuevo equipo de gobierno no va a dejar a nadie desatendido". En ese sentido, advierten fuentes de la concejalía de Marta Torrado, "se está analizando caso a caso de forma individualizada y se han dado soluciones, que en diversas ocasiones han ido de los 14 días que ellos marcaron". Además hay que añadir que se han destinado "2 millones de euros más a situaciones de vulnerabilidad que en el año anterior, a evitar desahucios, al pago de alquileres de personas en riesgo de exclusión social". Y esto no estaba presupuestado por el anterior gobierno de Ribó, "ha sido el nuevo equipo quien ha hecho las modificaciones presupuestarias necesarias para atender a las personas vulnerables", finalizan estas fuentes municipales.