Una sentencia da la razón a Sagunt en su millonario conflicto por la desaladora

La desaladora de Sagunt ha sido durante años un quebradero de cabeza para el ayuntamiento. Desde la finalización de la planta y sus conducciones, allá por el año 2015 después de un gasto de más de 40 millones de euros, su agua ha resultado poco atractiva para sus potenciales clientes y, por consiguiente, las arcas municipales eran las señaladas para asumir su amortización, según el controvertido convenio firmado en 2007.

Sin embargo, esta situación ha dado un vuelco en poco tiempo. Primero con el anuncio de la instalación de la gigafactoría de Volkswagen, que tiene previsto consumir más de la mitad de la capacidad de producción de la desaladora. Segundo con el acuerdo para que esta infraestructura de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) palíe la sequía en Cataluña a partir del próximo verano. Y ahora con la sentencia que da la razón al consistorio cuando se negó a pagar las facturas de 5,2 millones de euros que el organismo estatal le reclamaba para empezar a amortizar la planta.

Desestimación íntegra del recurso

Este fallo, al que ha tenido acceso Levante-EMV, lo emitió el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de València, que desestima íntegramente el recurso presentado por Acuamed, a través de la Abogacía del Estado, contra la «inactividad administrativa» primero y el rechazo expreso después por parte del ayuntamiento a abonar las facturas giradas en diciembre de 2019 en concepto de «tarifas de amortización y explotación» de la desaladora. 

La sentencia basa su argumentación en «tres hechos controvertidos», que son «la utilización de la vía de la inactividad administrativa»; «la falta de cesión de los viales colindantes y de la condición de solar de la parcela»; así como «la falta de acreditación de los costes de inversión y, por ello, de las tarifas de amortización objeto de reclamación». 

Inactividad administrativa

Sobre el primero, el juzgado sí considera que hubo inactividad administrativa, ya que Acuamed reclamó el pago de las facturas «en cumplimiento de las obligaciones derivadas de un convenio». Sin embargo, un acuerdo en junta de gobierno de mayo de 2021 subsanó esa cuestión.

El pronunciamiento señala que tanto el consistorio como el organismo estatal incumplieron el convenio

Sobre la controversia urbanística, la sentencia empieza por reconocer que, según el convenio, Acuamed tenía derecho a cobrar las tarifas desde octubre de 2013, cuando el propio organismo estatal recepcionó las obras. Sin embargo, según añade el fallo, en febrero de 2017 se dictó un acuerdo municipal que impedía la puesta en marcha de la planta por esas cuestiones urbanísticas y «aunque no era conforme a derecho, porque modificaba unilateralmente una cláusula del convenio», la sentencia concluye que «devino firme tras haber caducado el recurso de Acuamed». Así, «se asumió por la entidad demandante y se debe seguir asumiendo que la situación jurídica de la parcela y la cesión de los viales» no hacían posible reclamar el pago de las facturas.

Retribución no exigible

Estos argumentos se refuerzan con que ese acuerdo en junta de gobierno «imposibilitó la consecución de los fines del convenio mediante la puesta en marcha de la desaladora, por lo que la petición de retribución no es exigible conforme el principio de que nadie puede exigir el cumplimiento del convenio en caso de incumplimiento del mismo».

Sobre la falta de acreditación de los costes de inversión, la sentencia señala que «llama poderosamente la atención que, con las facturas, no se aportara las certificaciones auditadas por Acuamed al cierre de cada ejercicio durante la construcción de la planta -entre 2009 y 2013- como exige el convenio». Así, el fallo llega tildar la negativa del ayuntamiento a pagar como «prudente».

Costas procesales

Después de dar por «ajustado a derecho» el pronunciamiento municipal contrario al pago de las facturas, el juzgado también carga sobre el Acuamed el pago de las costas procesales hasta un máximo de 2.085 euros.

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