El TSJ da la razón a Metrovacesa y obliga al ayuntamiento a tramitar el PAI de Benimaclet

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado la razón a la constructora Metrovacesa en el recurso contencioso que presentó en 2021 contra la decisión del Ayuntamiento de València de rechazar su propuesta urbanística para el PAI de Benimaclet Este. La sentencia del alto tribunal valencia obliga al consistorio a tramitar la propuesta de la agrupación de interés urbanístico liderada por Metrovacesa, propietaria de la mitad de los terrenos, que el alcalde, Joan Ribó, rechazó en respuesta a las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Benimaclet y Cuidem Benimaclet de reducir la edificabilidad y respetar los huertos urbanos existentes.

La Concejalía de Desarrollo Urbano, con la socialista Sandra Gómez al frente, que tras rechazar la propuesta de Metrovacesa encargó del diseño por gestión directa de un nuevo plan urbanístico, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del TJS, que obliga a admitir a trámite el PAI de Metrovacesa y de comenzar la evaluación ambiental.

La sentencia argumenta que no ha habido hechos nuevos que justifiquen la inadmisión y recuerda que la propuesta inicial de Metrovacesa contaba con los informes favorables del Servicio de Planeamiento y Sección de Obras de Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico del Ayuntamiento de Valencia.

El nuevo plan especial de Benimaclet encargado por Sandra Gómez va más allá del PAI de Benimaclet, ubicado en la frontera de la ronda norte con la huerta y ocupado en gran parte por huertos urbanos de gestión ciudadana, y abarca todo el barrio. Fue la solución adoptada para resolver el bloqueo del desarrollo urbanístico por las diferencias entre los socios del Gobierno del Rialto, Compromís y PSPV, sobre el diseño del sector, la edificabilidad y los huertos urbanos existentes.

La concejalía de Desarrollo Urbano apunta que "el juez no ha tenido en cuenta que durante el tiempo transcurrido se ha puesto en marcha el desarrollo y aplicación de la agenda 2030 y que ha habido una pandemia que obliga a repensar el urbanismo, y las necesidades de los ciudadanos han cambiado". Este fue de hecho uno de los argumentos en la resolución de la concejalía que rechazaba la propuesta de Metrovacesa que planteaba un modelo de edificación en altura, con 1.300 viviendas, para liberar zonas verdes.

La concejalía de Desarrollo Urbano asegura que la sentencia no supone ningún cambio de planes para el ayuntamiento, ya que comenzaremos la evaluación ambiental y en ese trámite, el informe del servicio de planeamiento recogerá que ya esta el Ayuntamiento haciendo una ordenación nueva con el plan especial del área funcional. "Con este plan especial aplicaremos los nuevos criterios urbanísticos para que el PAI beba de las necesidades del barrio y les dé solución". Y "en base a ese informe la evaluación ambiental será negativa", advierte la delegación de Sandra Gómez.

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