El PP recurre a la seguridad y a los 'okupas' para reducir el espacio a Vox

Los tres senadores del PP de la provincia de Valencia y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, dieron cuenta ayer del trabajo que el grupo está llevando a cabo en la Cámara alta. Es algo que está haciendo la formación en todo el territorio español: salir en nombre de Feijóo a explicar la actividad en una cámara donde cuentan con mayoría absoluta y disponen de mayor margen de iniciativa política. Y, en plena ofensiva ante el Gobierno de Pedro Sánchez por la cuestión territorial, los populares se centran ahora en otro valor aglutinador de voto, sobre todo en el ámbito conservador: la seguridad.

La seguridad en dos sentidos. Por un lado, el senado Luis Santamaría alertó del posible cierre de 61 puestos de la Guardia Civil en pequeños municipios del entorno rural español. El representante sitúa estos cierres dentro de un plan de reorganización de los recursos de la Benemérita, lo que afectaría también a varios pequeños municipios valencianos. El senador citó los casos de Jarafuel, Polinya de Xúquer, Sollana, Corbera de Alzira, Alginet, Simat de la Valldigna y Vallada. Santamaría dio a esta reivindicación un cariz identitario, el mantenimiento de estos puestos frente a un proceso para "deconstruir la idea de España" ya que, en muchas ocasiones, estos cuarteles son "de la poca presencia del Estado" en estos municipios.

Las okupaciones solo afectan a una de cada 8.446 viviendas de particulares

Sobre todo, dijo el senador, cuando los índices de criminalidad se están incrementando: en los primeros 9 meses del año 2023, un 7,9% en la C. Valenciana. Santamaría, en todo caso, aseguró: “España es un país seguro”. “Nos negamos a admitir que se pueda deconstruir la idea de España sacando la Guardia civil del territorio nacional y que se haga lo mismo aquí que ya se ha hecho en Cataluña y el País Vasco”, concluyó.

Junto a la seguridad en el ámbito rural y zonas en despoblación, los senadores también pusieron en valor una de las primeras "leyes Feijóo" -así las han bautizado- que el PP está presentando en el Senado. Se trata de una ley contra la ocupación ilegal para hacer frente a una problemática que, según los datos disponibles de 2021, en la Comunitat Valenciana se saldó con 1779 ocupaciones de propiedades.

864 viviendas públicas están okupadas en la C.Valenciana

Penas más duras a la 'okupación'

La senadora Estela Darocas centró esta iniciativa en las situaciones de delincuencia y de mafias organizadas, no de familias con dificultades que no pueden afrontar hipotecas o alquileres. Entre las medidas de esta propuesta figuran el desalojo en 24 horas; impedir los empadronamientos en viviendas ocupadas; juicios rápidos para estos supuestos para evitar dilaciones que operan a favor de los ocupantes; penas más duras; o habilitar a las comunidades de propietarios para poder actuar en procesos judiciales. “Son acciones concretas para luchar contra problemas reales que, en este caso, están creando las mafias; lo contrario a lo que hace Sánchez, que está centrado en blanquear a prófugos de la justicia, aunque para ello tenga que retorcer la Constitución y hacer un daño enorme a este país”, opinó.

Durante su intervención, los diputados abordaron también la cuestión agraria. En particular, Santamaría reclamó a quienes protestan que se manifiesten sin violencia, y al ministerio "prudencia y contención". "Es gente defendiendo su futuro. No es el enemigo. Son españoles y valencianos, gente preocupada por su futuro", añadió.

El presidente de la Diputación y dirigente provincial del partido, Vicent Mompó, reivindicó por su parte la "política realista" del PP en el Senado "para frenar la peligrosa deriva de Sánchez".

El PP tumba en el Senado los objetivos de déficit del Gobierno y retrasa los nuevos Presupuestos

Techo de gasto

El senador valenciano y portavoz de Economía del PP en el Senado, Gerardo Camps, aprovechó la rueda de prensa para explicar la posición del partido respecto a la aprobación de las reglas fiscales y el techo de gasto que se ha abordado esta semana en el Senado. Camps celebró que el PP haya logrado que la Cámara Alta rechace el techo de gasto “porque perjudica y chantajea a las comunidades autónomas y ayuntamientos, y endeuda a las actuales y futuras generaciones”. Cabe recordar que el objetivo de déficit del 3% para 2024 en España que impone Bruselas se reparte entre la administración general del estado y las comunidades autónomas. Y el Gobierno había determinado un reparto del 0,1% para las autonomías y del 2,9% para el Estado. Los municipios deben someterse al equilibrio presupuestario. El Gobierno, en todo caso, ya ha advertido de que si se mantiene el bloqueo a este reparto, se aplicará el criterio anterior, que obligaría a las autonomías al equilibrio presupuestario.

Los presupuestos incluyen un déficit que triplica el previsto por el Gobierno ante la UE

“Estamos dispuestos a sentarnos a negociar en la misma línea de lo que defendía la ministra Montero cuando era consejera de Andalucía, antes pedía una cosa y ahora ofrece otra”, aseguró Camps, a la vez que advierte que “es el techo de gasto más alto de la historia, que obliga a una mayor presión fiscal”. El senador señaló que el PP aceptaría un reparto del déficit en el que quepa el déficit el 0,3% que ha fijado la Generalitat para 2024. Además, detalló, “la última razón de nuestro voto en contra es que el PP no va a ser cómplice de los que pretenden chantajear y humillar a este país como hacen los grupos que apoyan al Gobierno”.