La Audiencia rechaza suspender el juicio al exalcalde de Gandia que pedía retrasarlo ante la inminente reforma del delito de malversación

El juicio contra el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y el empresario audiovisual Ricardo Faura Vidal, continuará mañana miércoles tras el intento de ambos acusados de suspender las vistas ante la inminente reforma del delito de malversación que tramita el Congreso de los Diputados, del que ambos están acusados.

La vista arrancó ayer en la sección segunda de la Ciudad de la Justicia de València en una jornada que se dedicó integramente a las cuestiones previas. Las defensas de Torró y Faura solicitaron la suspensión de la vista judicial contra ellos por "la vulneración de derechos fundamentales ante la inminente reforma del delito de malversación por parte del Ejecutivo central, que afectaría al tipo de pena al que se enfrentan ambos acusados". 

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El letrado de Torró que banderó la propuesta ya advirtió que iba a plantear una cuestión previa peculiar “por una cuestión insólita" la tramitación "por el grupo parlamentario socialista, Podemos e Iniciativa de una propuesta en el Congreso de los Diputados para modificar la ley orgánica del Código Penal, publicada el 17 de noviembre, con una enmienda de ERC que plantea la rebaja de la malversación. Esto se presentó el viernes pasado y hoy [por ayer] va a ser tramitada en el Congreso", explicó para justificar su insólita petición de suspensión y retraso de la vista. 

"La reforma del Código Penal se va a aprobar antes del 31 de diciembre. este juicio acabará el 21 de diciembre y el 22 se aprobará la norma, probablemente. No nos vamos a poder defender del tipo penal, con elementos objetivos y subjetivos del tipo que va a ser modificado", defendió el letrado. Y puntualizó que la reforma puede beneficiar a los procesados ya que "la inmensa mayoría de los acusados no han cobrado nada. Estamos en el supuesto del tipo que quieren modificar", aseguró el letrado en referencia a la rebaja de las penas del delito de malversación cuando se demuestre que los acusados no se han beneficiado económicamente del dinero malversado.

Los magistrados, tras deliberar durante treinta minutos, decidieron seguir adelante con las vistas. "Cierto que es una petición novedosa, pero supone una situación particular. Para los supuestos de modificación de la norma, ninguna previsión de reforma vincula a los tribunales. No sabemos si habrá ley, cuál será su contenido y si habrá disposiciones transitorias. No cabe hacer proyección de futuro", aseguró el presidente del tribunal y de la sección segunda de la Audiencia de València, José Manuel Ortega. 

"No vemos en qué medida la estrategia defensiva seria distinta a los hechos que se imputan. Por lo tanto no vamos a atender a la suspensión. Y los hechos enjuiciados que sean declarados probados y que se derive responsabilidad penal, en caso de modificación de la norma se podría aplicar vía recurso la posibilidad de plantear una modificación de la condena", puntualizó el magistrado. 

El juicio se inició ayer y continuará mañana, el jueves y los próximos 20 y 21 de diciembre en la sección segunda de la Audiencia de València. La Fiscalia sólo acusa al exalcalde Arturo Torró y al empresario Ricardo Faura, pide para ambos ocho años de cárcel, veinte de inhabilitación y el pago de 480.000 euros al Ayuntamiento de Gandia, por un presunto delito de malversación y otro de fraude en la contratación pública en la encomienda a la empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia SAU (IPG) que a su vez contrató con dos empresas audiovisuales (Comarques Centrals Televisió SL e Inversiones Especiales del Mediterráneo SL) la "prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual". El fiscal considera que Torró "aprovechando su condición de alcalde de Gandia y presidente del consejo de administración de IPG concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a Comarques Centrals Televisió SL la cantidad de 500.000 euros de dinero público, a sabiendas de que no había causa que lo justificase causando un claro perjuicio para las arcas públicas".  

La acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Gandia, tras la denuncia de los entonces concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell, extiende la acusación a seis personas más, entre los que se encuentran los exconcejales Francisco Javier Reig Garrigues y Antonio Abad Rodríguez, junto a los representantes de las empresas Inversiones Especiales del Mediterráneo SL (José Vicente Codina Tomás y Josep Lluís Giménez Estruch) además de la jefa de servicio de actividades empresariales municipales, Cristina Serrano Mateo, por lo que todos también han tenido que comparecer en la vista.

Los magistrados han aceptado la petición de las defensas de declarar al final de las vistas, por lo que la sesión de mañana miércoles se iniciará con las declaraciones de los testigos. También está previsto que declare mañana el secretario del Ayuntamiento de Gandia, Lorenzo Pérez Sarrión.  

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