El Consejo de Estado decanta el último pulso entre Puig y Sánchez con su dictamen sobre el trasvase

La comisión permanente del Consejo de Estado ya dirime el futuro del trasvase Tajo-Segura. Los nueve consejeros y la presidenta ya están reunidos para emitir hoy su dictamen sobre el proyecto de real decreto de los doce planes hidrográficos para el periodo 2022-2027, entre los que se encuentra el del Tajo y las condiciones del trasvase hacia la cuenca del Segura, que abastece a buena parte de las comarcas alicantinas y que en los términos actuales reduciría de forma drástica el agua recibida en la zona a partir de 2025. 

El asunto es una patata caliente porque, como sucede con la financiación, el alineamiento de los bloques viene determinado por el territorio más que por el color político del gobierno autonómico de turno, lo que genera extraños compañeros de viaje e intereses cruzados entre partidos hermanos. A lo que hay que añadir la cercanía electoral, que inevitablemente caldea los ánimos de todas las partes implicadas. 

Por si fuera poco, el Gobierno se ha enredado en un proceso de tramitación de la norma tormentoso y plagado de polémica, hasta el punto de derivar en un enfrentamiento abierto con la Generalitat y otras autonomías perjudicadas por el cambio. El Consell asegura que el documento ha sido modificado a sus espaldas para eliminar una cláusula que abría la puerta a no recortar el trasvase, un extremo que niega Moncloa de forma reiterada aunque sin aportar prueba alguna. 

La Generalitat espera desde hace casi dos semanas las actas del Consejo del Agua

Pasadas casi tres semanas las posturas no se han movido un ápice, por lo que la vía del diálogo se puede dar por agotada vistas las versiones incompatibles que sostienen una y otra parte. Tampoco ha funcionado la fórmula de presionar desde la calle, ya que la manifestación de Madrid a la que se sumó el Consell no ha hecho recular a un ministerio enrocado en sus tesis. 

Ante este escenario, la resolución del Consejo de Estado prevista para hoy emerge como un elemento clave para decantar el pulso entre el jefe del Consell, Ximo Puig, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El dictamen del órgano consultivo no es vinculante, si bien el Gobierno acata sus decisiones en una inmensa mayoría de las ocasiones. En la Generalitat, que como Murcia y Andalucía ha presentado alegaciones ante esta instancia, no se respira demasiado optimismo sobre el fallo. 

Pero la versión oficial es que el Consell mantiene la confianza sobre una resolución favorable a sus intereses, que dejaría a Transición Ecológica en una posición de debilidad y facilitaría la posibilidad de volver a incluir la disposición adicional novena, el nudo gordiano del asunto.

Esta cláusula, que vinculaba el aumento de los caudales ecológicos a la calidad del agua del río, es la que el Consell asegura que fue pactada antes del Consejo del Agua y que, a su entender, estaba reflejada en el borrador debatido en el cónclave. Por el contrario, Teresa Ribera mantiene que fue una propuesta «de último minuto» que finalmente no fue incorporada al proyecto ante el rechazo generalizado que suscitó.

Manifestación de regantes ante el Ministerio de Transición Ecológica contra el recorte del trasvase Tajo-Segura

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Cinco meses de roces

El choque entre el Consell y Moncloa por el agua es el más duro que han protagonizado ambas administraciones bajo el mandato de Pedro Sánchez y Ximo Puig, pero no es el primer desencuentro entre ambas administraciones en los últimos meses. 

Las tiranteces arrancaron en septiembre, en pleno debate sobre la política fiscal. En Moncloa sentó muy mal que Puig rebajara el IRPF para combatir la inflación al entender que asumía las tesis que venía impulsando el ‘nuevo’ PP de Feijóo, pese a que a diferencia de las populares la modificación de los tramos del Botànic se orientó a las rentas medias y bajas. Algo que posteriormente también acabaría haciendo Sánchez.

Puig evita la estela de García-Page

Después llegaron los agravios a Alicante, un territorio fundamental para definir el color de los próximos gobiernos, tanto valenciano como estatal. Primero dejando a estas comarcas a la cola de la inversión de unos Presupuestos Generales del Estado que sin embargo mejoraban los recursos destinados al conjunto de la C. Valenciana y poco después privando a la capital y a Elx de las agencias estatales a las que optaban.

Con todo, Puig midió los tiempos y evitó el choque con Sánchez pese a los ataques de la oposición, que se lanzó a rentabilizar el descontento alicantino denunciando la irrelevancia del primero en Madrid y la desatención del segundo hacia la C. Valenciana.

El clamor por el agua llega a las puertas del Gobierno

El president también cerró filas con otras iniciativas del Gobierno que han levantado polvareda y han puesto en bandeja las críticas de la derecha tanto a Sánchez como a Puig, a quien sitúan como responsable subsidiario. La ley del ‘sí es sí’ y las reformas de la sedición y la malversación son los ejemplos más claros.

Pero el agua ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la Generalitat, que en parte se mordió la lengua los meses previos para reservarse las mejores cartas para temas de agenda valenciana, como es el trasvase Tajo-Segura. No solo por el posible coste electoral sino porque, más allá del decreto, lo que ha enfadado al Consell ha sido la falta de lealtad y transparencia con la que ha operado Moncloa, que entienden no es acorde a la actitud mostrada por Puig.

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