La tragedia de Campanar aflora el problema de la vivienda en València

Más allá de las irreparables tragedias humanas, el incendio de Campanar ha tenido unos efectos materiales que han dejado literalmente en la calle a 137 familias valencianas. La rápida reacción de las administraciones ha encontrado una solución pasajera para la mayoría de afectados, con el realojo de algunas personas en el edificio de vivienda pública de Safranar, adquirido recientemente por el ayuntamiento gracias al derecho de tanteo y retracto, un decreto del Botànic que el PP recurrió insistentemente ante el Constitucional. También se han desplegado ayudas para bienes de primera necesidad, al alquiler y deducciones fiscales para la compra de nuevos inmuebles, entre otras.

Pero, inevitablemente, el terrible suceso ha hecho aflorar el grave problema de la vivienda en Valencia. Un vistazo a los portales inmobiliarios evidencia que, ahora mismo, acceder a una vivienda en régimen de alquiler es un imposible para amplios segmentos de población. De media, una familia destina casi el 40 % de sus ingresos a tener un techo bajo el que vivir. En todo el municipio de València apenas aparecen cuatro casas disponibles para arrendar por debajo de los 700 euros y ninguna llega a 100 metros cuadrados (de hecho, tres rondan los 40 metros cuadrados).

Y si se circunscribe la oferta a la zona donde residían los vecinos afectados por el siniestro, Nou Campanar, el precio se dispara. Estas webs sólo muestran cinco inmuebles en alquiler en el barrio, que oscilan entre los 1.200 y los 1.750 euros al mes.

El alquiler en la Comunitat Valenciana bate récords al subir un 15 % en el último año

Si se amplía la búsqueda a todo el distrito, la situación no es mucho mejor. La oferta aumenta significativamente pero el precio de los arrendamientos no se reduce de forma acorde. Apenas se encuentran tres pisos por debajo de los 1.000 euros pese a entrar en esta zona barrios con rentas menores.

Las ayudas del Consell, un termómetro

El decreto urgente que el Consell ha puesto encima de la mesa para apoyar a los afectados ya incorpora un reconocimiento velado del problema de la vivienda. La Generalitat ofrece a las familias víctimas del incendio ayudas de 1.000 euros para buscar un nuevo alquiler, que ascienden hasta un máximo de 1.500 a razón de 100 euros adicionales por cada miembro de la unidad familiar al margen del titular del inmueble.

Es decir, que el Ejecutivo valenciano está asumiendo de forma implícita que actualmente no se puede alquilar una vivienda en València por debajo de los 1.000 euros. Y ni así resulta sencillo para los afectados encontrar una alternativa en el tensionado mercado inmobiliario.

El alquiler sube este año a más del doble para más de 5.000 familias de València

Miguel, uno de los residentes en el edificio de Maestro Rodrigo, así lo aseguraba esta semana en declaraciones a Levante-EMV: "Tal como está el mercado es bastante difícil encontrar una casa de esas características en València", lamentaba. Según la Cátedra del Observatorio de Vivienda de la UPV, el alquiler medio de un piso de 70 metros cuadrados en la C. Valenciana ha pasado de 1.200 euros en verano de 2022 a 1.571 en otoño de 2023. El mismo informe constata que en términos generales, el alquiler subió un 28 % en ese mismo plazo de poco más de un año.

Un problema enquistado

La crisis habitacional no es ni mucho menos un problema puntual. Desde hace años se habla del impacto de los pisos turísticos en el acceso a la vivienda de muchos barrios, al margen de los pisos de estudiantes o del atractivo de la ciudad para los extranjeros, los conocidos como nómadas digitales, que también contribuyen al aumento de precios al elevar la demanda y disponer de un mayor poder adquisitivo.

Ahora mismo, en València, el precio medio de alquiler está en máximos históricos. A finales de 2023 y tras una nueva subida del 4,2 %, el metro cuadrado alcanzaba ya los 12,3 euros. Un dato revelador: las familias que alquilaron en 2019 y que por tanto este año verán revisados sus contratos, se enfrentan a incrementos de hasta el 100 %. Eso también está tensionando los precios del área metropolitana de València, que sufren las réplicas de la situación que se vive en la capital y se han disparado otro 15 % en 2023.

Los olvidados

Pasados unos días, el debate sobre el acceso a la vivienda a cuenta de esta situación se ha puesto encima de la mesa. En un artículo publicado en Levante-EMV esta semana, la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH) reflexionaba sobre la ayuda prestada a los afectados por el incendio de Campanar y la atención que se presta a los colectivos vulnerables que pierden su casa "por tragedias menores, pero dolorosísimas también".

La sangría que paraliza el parque público de vivienda de la C.Valenciana

La plataforma no discute en ningún momento el socorro prestado a estas víctimas, dice que es "una alegría", pero se pregunta si esas personas que se quedan en la calle víctimas de un desahucio o que esperan una alternativa en las interminables listas de espera de vivienda pública (más de 11.000 solicitantes a finales de 2022) son menos que los vecinos de Maestro Rodrigo. "¿La emergencia habitacional de quienes tenemos problemas económicos o somos pobres no se cubre? ¿Acaso se nos considera ciudadanos de tercera?", plantean a la vez que no ocultan su sorpresa por la magnitud del apoyo desplegado por las instituciones valencianas, "superiores" a las imaginadas por la PAH "según las respuestas" a las que dicen estar "acostumbradas".

El colectivo critica también la ausencia de medidas estructurales dirigidas a paliar el problema de la vivienda y la falta de inmuebles públicos disponibles. Esta sangría comenzó a finales del siglo XX de la mano de la burbuja inmobiliaria. En la Comunitat Valenciana, entre 1994 y 2014 el parque público se desplomó desde los 37.500 inmuebles a apenas 15.000. Desde entonces apenas se ha podido revertir la situación, ya que las limitadas adquisiciones del Botànic han ido en paralelo a la pérdida de otras propiedades sujetas a derechos de compra privados. El actual jefe del Consell, Carlos Mazón se compromete a construir 10.000 durante esta legislatura.

Posiciones políticas

En realidad, como telón de fondo subyace también una batalla ideológica, con dos formas de afrontar el problema donde se enfrentan la protección del propietario con la protección del inquilino. En los últimos años, gobiernos progresistas están impulsando legislación para limitar los precios de la vivienda y declarar zonas tensionadas. Este mismo jueves, en la sesión de control al Consell de les Corts, Joan Baldoví, síndic de Compromís, recordaba que el edificio de Safranar se pudo adquirir gracias a ese derecho de tanteo y retracto y que tanto PP como Vox, cuando se aprobó hace un año, lo calificaron de "expropiación ilegal" o de "medida demoledora para el sector de la construcción".

Mazón, al margen de su promesa electoral sobre vivienda pública, defendió la bajada de impuestos como manera de enfocar el problema habitacional. Están en el ADN de las politicas del PP, que acaba de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones tras recaudar 100 millones menos en 2023 por el frenazo del ladrillo. De hecho, para los afectados se ha rebajado a 0% el impuesto de compra de vivienda. Además, en su programa, también se recoge una bajada de impuestos para compra de jóvenes.